Por Ángela Reyes Haczek y Darío Klein, CNN Español
Él maneja camiones de carga pesada en Michoacán. Ella emigró de Caracas a Buenos Aires y es moza en un restaurante del microcentro. En Ciudad de Guatemala, su familia logra subsistir apenas gracias a incontables horas de trabajo mal pagado y a las remesas que les llegan desde Los Ángeles.
No se conocen y, si lo hicieran, tal vez pensarían que tienen poco en común. Y sin embargo, sus destinos y los de muchos de los más de 650 millones de habitantes de América Latina y el Caribe terminan a menudo trenzados por los mismos hilos, quizás uno de los hilos más fuertes y largos: la política estadounidense.
Cuando Estados Unidos elige presidente casi todos miramos atentos en dirección al norte. ¿Pero qué pasa cuando hay elecciones intermedias? ¿Cómo puede afectar la vida de los latinoamericanos que viven fuera de Estados Unidos un cambio en la conformación del Congreso estadounidense? ¿Puede afectarla realmente con un presidente que gobierna a golpe de decretos y parece evadir al legislativo siempre que puede, e incluso en ocasiones en las que no podría?
Aquí, un intento de responder esas preguntas.
Pero primero lo primero.
El 3 de noviembre los estadounidenses decidirán la conformación del Congreso para los próximos dos años: se vota a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, que cumplen mandatos de dos años, y a un tercio de los 100 miembros del Senado, cuyos mandatos se extienden por seis años.
El Partido Republicano hoy tiene la mayoría en ambas cámaras. Estas elecciones intermedias habilitan tres escenarios posibles:
La encuesta más reciente de CNN, realizada por SSR, muestra que un sentimiento anti-Trump ha favorecido a los demócratas, que aventajan a los republicanos por 10 puntos en intención de voto. Sin embargo, incluso si esa ventaja se mantiene, los cambios en el Congreso podrían verse limitados por la redistribución de distritos a mitad de década y el hecho de que muchas de las contiendas reñidas se disputan en terrenos favorables a los republicanos.
El voto anticipado, por otra parte, muestra hasta ahora indicios de una ventaja para los demócratas, pero esos datos tienen limitaciones y distan de ser concluyentes.
Por otra parte, asesores de campaña republicanos han reconocido en privado que están disminuyendo las posibilidades de que mantengan el control en ambas cámaras, tal como ha reportado CNN, y los demócratas se han vuelto más competitivos en algunos estados en los que suelen perder.
Un cambio de color en el Congreso no implicaría necesariamente un giro en la política exterior de Estados Unidos, incluida la orientada a América Latina, ya que esta es principalmente un resorte del poder Ejecutivo. Sin embargo, perder el control del Congreso podría ponerle obstáculos a la agenda de Trump, mientras que conservarlo le daría más margen para seguirla o incluso profundizarla.
Además, tal como explicó a CNN Robert Valencia, analista político e integrante de la red de periodistas conectas.org, ganar control en el Congreso habilitaría a los demócratas a investigar ciertas decisiones que ha tomado Trump y ejercer un mayor contralor sobre su gestión, hoy blindada por el Partido Republicano.
Si vives en Latinoamérica, así es como el voto desde Ohio a Kansas puede terminar influyendo en tu propia vida.
Está lejos, sí, pero es ineludible en esta conversación: Irán. Más cerca: el impacto económico de la guerra en Irán en los bolsillos de los latinoamericanos.
“El presidente Donald Trump se ha tomado una atribución que no le corresponde, que es llevar una guerra sin consultar con el Congreso (…). Y los republicanos le han dado rienda suelta a Trump para que él lleve a cabo esta guerra”, explica Valencia. Si, como resultado, pierden escaños, “ahí es donde vamos a ver un posible escenario en donde haya más audiencias, más investigaciones, a pesar de que el ejecutivo va a controlar la política exterior”.
De la mano de la guerra, la economía —con la que los propios estadounidenses están profundamente descontentos—: el cierre del estrecho de Ormuz ha resentido la cadena de suministro del petróleo, encareciendo la gasolina con efectos que ya son ineludibles este 2026 incluso si se firmara la paz mañana. Un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calcula que el barril de petróleo puede cerrar 2026 con un precio entre un 20% y 25% superior al de 2025.
La Cepal advierte que, si bien las balanzas comerciales de los países de la región que son exportadores netos de energía pueden registrar un impacto positivo, hay múltiples canales de la economía donde el impacto de la guerra que inició Trump en febrero, y que podría ser objeto de más escrutinio si los demócratas triunfan en noviembre, es ineludiblemente negativo.
El aumento del precio del combustible —para mediados de año habían subido en promedio en la región un 15%, según el reporte de Bloomberg— afecta el poder adquisitivo de los hogares latinoamericanos de forma directa, como sabe todo el que va a llenar el tanque a la estación, y de forma indirecta, por su impacto en el encarecimiento de otros bienes.
También el aumento del precio de los fertilizantes presiona “los precios de los alimentos y aumenta el riesgo de mayor inseguridad alimentaria en la región”, dice la Cepal, entre otros efectos negativos de una guerra que podría cambiar de rumbo después de las elecciones intermedias.
Trump ha recurrido a los aranceles como herramienta clave de su política de comercio exterior, y también como “apalancamiento en negociaciones con aliados y adversarios”, tal como explican Elisabeth Buchwald y Allison Morrow de CNN.
El presidente ha impuesto amplios aranceles y amenazado con imponer aún más, argumentando que la ley le otorga la facultad para hacerlo. Esta política, no obstante, ha sido disputada en la justicia, donde Trump tuvo una dolorosa derrota en febrero cuando la Corte Suprema dictaminó que había violado la ley federal al imponer unilateralmente aranceles generalizados en todo el mundo
Lo cierto es que la Constitución le otorga al Congreso la facultad de “establecer y recaudar impuestos, derechos, contribuciones e impuestos especiales”, pero desde la década de 1930 el Legislativo ha delegado en el Ejecutivo algunas competencias relativas a los aranceles, tal como explica la publicación especializada Lawfar.
No es fácil, pero el Congreso puede modificar las leyes que le han dado al mandatario las facultades para imponer aranceles. Y también puede votar para poner fin a declaraciones de emergencia nacional a las que Trump ha recurrido para justificar sus aranceles. De hecho, el Senado hizo exactamente eso el año pasado: con el voto de algunos republicanos, la cámara alta votó poner fin a una declaración usada para imponer aranceles a Canadá. La medida no avanzó en la Cámara de Representantes, pero es ilustrativa de cómo los congresistas también tienen voz y voto en el asunto.
Washington ha reforzado la cooperación militar con países como Ecuador —tras reunirse recientemente con el presidente Daniel Noboa, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que no tienen “mejor aliado en la región” para combatir el crimen que Ecuador—, El Salvador y Colombia, donde ya apoya en el terreno a las Fuerzas Armadas locales en los operativos contra el narco.
Muchas decisiones en materia militar se llevaron adelante por decreto sin pasar por el Congreso, pero podrían ser bloqueadas si el presidente no contara con las mayorías necesarias en las cámaras.
Además, un Congreso con mayoría demócrata posiblemente podría investigar una de las acciones militares más controversiales en la región, apunta Valencia: las operaciones contra los supuestos narcobotes en el mar Caribe y el océano Pacífico.
Los Fuerzas Armadas estadounidenses han matado desde septiembre a al menos a 238 personas en ataques a botes que, según han dicho sin presentar pruebas, buscaban transportar drogas hacia Estados Unidos, según las cifras oficiales y el análisis de CNN de las misiones de búsqueda y rescate.
La administración dijo al respecto al Congreso que está en un “conflicto armado” contra los cárteles y que tiene la facultad de realizar ataques mortales sin supervisión judicial por una determinación clasificada del Departamento de Justicia. Sin embargo, miembros del Congreso y grupos de defensa de los derechos humanos han cuestionado esa aseveración, argumentando que los presuntos narcotraficantes deberían ser detenidos y luego procesados.
Algunos miembros del Congreso han sido muy vocales en su oposición. En agosto, por ejemplo, el senador demócrata por Virginia Tim Kaine dijo, tras una revisión de información clasificada, que los ataques probablemente mataron a “personas que no están involucradas en el narcotráfico”. “Son víctimas de asesinato”, aseguró.
Sueñas con emigrar a Estados Unidos, algún ser querido emigró o quiere hacerlo, eres uno de los receptores de los más de US$ 170.000 millones en remesas que llegan a América Latina y el Caribe o simplemente forma partes de las economías donde esas remesas mueven la balanza del PIB.
No importa en qué categoría estés: la política migratoria de Trump te afectará. Y el Congreso tiene su parte en ella.
Tanto en 2025 como en 2026, el Congreso usó el procedimiento de conciliación presupuestaria para asignar US$ 239.500 millones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), según un análisis publicado en septiembre por el American Immigration Council, un mecanismo que solo requiere mayorías simples. “Sin necesidad de negociaciones bipartidistas, el Congreso concedió al presidente Trump y a su administración gran parte de lo que solicitaban, otorgándoles prácticamente un cheque en blanco”, dice la institución. Sin una mayoría en ambas cámaras, no obstante, los republicanos no podrían volver a apelar a este procedimiento para otorgarle más fondos a las agencias que han ejecutado la política de mano dura de Trump, denunciada una y otra vez por violaciones de los derechos humanos.
Es posible que con los fondos millonarios que el Congreso les consiguió las agencias puedan mantener la política de deportaciones masivas de Trump, dice el instituto, pero “si un número suficiente de miembros del nuevo Congreso considera excesiva la partida ya asignada a la maquinaria de deportación de Trump, tienen la facultad de imponer restricciones al uso de dichos fondos o, teóricamente, de recuperar las cantidades aún no asignadas de los presupuestos de 2025 y 2026”.
Además, el Congreso podría imponer condiciones a los fondos que asigna, por ejemplo prohibir que se utilicen para obtener ciertos equipamientos o exigir que los agentes cumplan leyes más estrictas. Y aunque el Gobierno podría ignorar esas instrucciones, dice el American Immigration Council, el partido que ostente la mayoría puede ejercer más controles.
Un cambio en la conformación del Congreso también podría hacer que finalmente se debata y someta a votación el American Dream and Promise Act, que prevé protecciones para dreamers y beneficiarios del TPS, y podría hacer más difícil que se aprueben leyes que restrinjan más los derechos de los inmigrantes.
“Este es nuestro hemisferio”, tuiteó el Departamento de Estado el 5 de enero. Dos días antes, las Fuerzas Armadas habían capturado en una operación nocturna en Caracas al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que desde entonces aguardan presos en Brooklyn a que comience el juicio en su contra por cargos de tráfico de drogas y armas, entre otros, cargos que ellos han rechazado.
La acción fue el ejemplo más claro de lo que se ha dado a conocer informalmente como la “Doctrina Donroe”, con la que el Gobierno de Trump proclama el dominio de Estados Unidos sobre el hemisferio occidental, o sea, el continente americano. El nombre deviene de la Doctrina Monroe, en referencia al presidente James Monroe que en 1823 se pronunció en contra de cualquier intento de control o injerencia por parte de Europa en esa región. Presidentes posteriores, desde Theodore Roosevelt a Ronald Reagan, invocaron la Doctrina Monroe. Sin embargo, bajo el Gobierno de Trump, la doctrina Monroe devenida en “Donroe” —como él la llamó, haciendo un juego de palabras con su nombre— es más ofensiva y menos defensiva: implica, como explica Jake Tapper, que Estados Unidos hará lo que quiera en Venezuela, México, Colombia, Cuba y más.
Un Congreso dominado por los demócratas podría ejercer un mayor escrutinio sobre esta doctrina, por ejemplo lanzando investigaciones sobre la operación en la que se capturó a Maduro y las negociaciones entre el Gobierno de Trump y el de Delcy Rodríguez por el petróleo venezolano, dice Valencia.
Tiempo atrás, Trump anunció un acuerdo con Venezuela para controlar 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras del país. Sobre ese pacto, que vendió como el “mayor acuerdo petrolero de la historia”, aún persisten interrogantes.
“Las negociaciones que han venido realizando Estados Unidos y Venezuela todavía siguen siendo difusas porque hablan de un acuerdo para extraer petróleo mientras el chavismo sigue en el poder”, dice Valencia, por lo que posiblemente los congresistas “quieran investigar qué es lo que se está negociando realmente”.
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Con información de Michael Rios, Avery Schmitz, Stephen Collinson, Matt Stiles, Alayna Treene, Adam Cancryn, Sarah Ferris, Ethan Cohen, Edward Wu, Piper Hudspeth Blackburn, Edward-Isaac Dovere, Jake Tapper, Darío Klein y Mauricio Torres de CNN.
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